Precisamente entre las disposiciones más llamativas
de la directriz está que prevé clasificar los aparatos de
conformidad con el peso del equipo, aplicando diferentes
lineamientos para cada tamaño.
Todos los sistemas de aeronaves piloteadas a distancia
(RPAS), sin excepción, deberán portar en su estructura una
placa de identificación donde debe constar la información
general del equipo y propietario de forma indeleble y a
simple vista.
Según el proyecto de Aviación Civil, las aeronaves RPAS
de 25 kg o más deberán estar inscritas en el Registro de
Matrículas de aeronaves y disponer del certificado de
aeronavegabilidad.
Todas las aeronaves RPAS deberán operar a una distancia
no menor a 8 km alrededor de aeropuertos y aeródromos.
Las empresas que deseen brindar servicios aéreos con
RPAS, tales como operaciones agrícolas, conservación
ambiental y forestal, topografía, servicios de seguridad,
telecomunicaciones y cinematografía, por mencionar
algunas, deberán contar con un certificado de explotación
y un certificado de operador aéreo.
La normativa de Aviación Civil, de 31 páginas, establece
el pago de pólizas de seguros, certificados de operación
para pilotos y dispositivos, así como zonas de vuelo.
Allen Víquez dijo que trabajaron aproximadamente un año
para elaborar el documento, que tomó en consideración
a empresas proveedoras, entidades públicas, escuelas
de aviación, la Cámara de Tecnologías de Información y
Comunicación (CAMTIC), entre otras.
La certificación de operación es uno de los temas más
sensibles y que ha sido más criticado por las empresas
proveedoras de este servicio, pues se estima que se
deberá pagar más de $6 mil.
Al respecto, Víquez indicó que “se ha solicitado un ajuste al
apéndice tarifario para bajar el monto de la certificación.
Está en trámite la aprobación del nuevo monto”.
“Hay que regularse para ordenar ese caos que hemos vis-
to en los últimos meses con la adquisición personal de
drones y los incidentes en cercanía a los aeropuertos. Se
debe crear una cultura de vuelo seguro en la población y
educar a los clientes que no todos los que tienen estos
aparatos pueden dar un servicio a satisfacción basado en
el bajo precio. La certificación va a ayudar a que las em-
presas garanticen una operación segura. El costo de $6
mil es algo en lo que estamos totalmente en desacuerdo,
porque resulta exagerado. Debe ser una fracción de ese
costo para que las empresas se certifiquen y puedan ope-
rar con legalidad”, puntualizó Michael O’Reilly, dueño de
la firma Aerial Shutter.
ACTUALIDAD
- Revista Azimuth 29: 17-21, ISSN: 1659-2948 / 2015
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